Esta semana supimos que unos vivazos se adjudicaban casas construidas para los más pobres y que otros se quedaban con becas que debían entregar a los estudiantes. Antes nos habíamos enterado de que varios parlamentarios se apropiaban del sueldo de sus asesores o que se hicieron negociados con la ayuda para los damnificados del terremoto. En general, se han destapado con frecuencia -en este gobierno y en los anteriores- casos de sobrevaloración de obras públicas, compras digitadas para favorecer proveedores, adjudicaciones irregulares, uso de bienes públicos para fines privados, robo de medicinas, rancho o gasolina, etc. En suma, a este respecto, nada ha cambiado. Desde siempre, para una parte de la gente que llega a algún cargo público -bien abajo o bien arriba-, el Estado es un botín y dependerá de la habilidad y de la suerte con cuanto de él consigan quedarse.
Ha sido impactante la reacción presidencial frente a estos hechos. El problema es que sea una indignación tan selectiva, ya que varía dependiendo del caso y de los sindicados. Si los acusados son unos pichiruchis, como los del Banco de Materiales, sus iras serán temibles: "A esos imbéciles que se aprovechan de los recursos públicos (.) he ordenado sacarlos a todos a patadas del Estado". En cambio, si el Congreso denuncia, casi por unanimidad, al ex alcalde del Callao por nueve posibles delitos por la Vía Expresa al aeropuerto, el presidente pedirá "esperar los estudios técnicos y no linchar a nadie antes de tiempo".
Más allá de esto, se podría argumentar que es muy positivo que se sepa de estos casos y que se sancionen. Es una ventaja de la democracia. Hasta el final, el fujimorismo parecía un gobierno abusivo pero que no robaba tanto. Luego, y solo por ser Montesinos un cineasta aficionado, supimos que, en realidad, habían montado una aceitada máquina delictiva a gran escala con la que se levantaron varios cientos de millones de dólares. En Chile nadie imaginaba que Pinochet -como se descubrió solo al final y también por el azar-, además de dictador, era un ladrón.
La prensa libre ayuda mucho pero, aun así, los hechos que se terminan descubriendo son, sobre todo, los más chabacanos y torpes. Dado el tamaño del arca pública y la inmensidad de lugares donde la uña puede ser metida, queda la sensación de que los que actúen con un mínimo de sofisticación tendrán asegurada la impunidad. ¿Qué hacer para encontrar soluciones de fondo? Digamos que, a estas alturas y más allá de las buenas intenciones, en la Oficina Nacional Anticorrupción no parecen estar las respuestas.
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